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El ú nico
recurso que un ciudadano tiene en contra de la mala conducta
policíaca está en las manos de un jurado. Los oficiales
de policía y sus departamentos no están por encima
de la ley.
He aquí dos casos recientes que
subrayan nuestra efectividad en el área de la violación
de los derechos civiles; Jensen v.
City of Oxnard y Hernández
v. City of Long Beach.
En el primer caso, un oficial de policía
de 30 años perteneciente al grupo SWAT fue a trabajar
un día y resultó muerto cuando uno de sus compañeros
del grupo SWAT le disparó en la espalda tres veces por
error durante una redada en un allanamiento. El oficial que
disparó pensó, por equivocación, que el policía
muerto era un sospechoso que le apuntaba con un arma. La ciudad
de Oxnard aseveró que se trataba sólo de un caso
de compensación laboral y que no había ocurrido
un hecho de violación de derechos civiles.
Este caso fue llevado a la Corte de Apelaciones
del Noveno Distrito y a la Suprema Corte de Estados Unidos,
para establecer el principio de que los oficiales de policía
no pierden sus derechos civiles por serlo. El oficial que
disparó y la ciudad fueron considerados responsables
a través del derecho de la cuarta enmienda de estar en
libertad de atacar a una persona de manera irrazonable.
El oficial fallecido dejó como deudos
a su esposa y dos hijos, quienes hicieron la demanda de muerte
causada por la negligencia de otra persona. La evidencia mostrada
descubrió que el oficial que disparó no estaba en
buenas condiciones pues padecía migraña y una severa
enfermedad de los senos nasales, y por las drogas que había
consumido para el dolor de cabeza. La ciudad de Oxnard llegó
a un arreglo en el caso con un pago de $3,500,000.
En el segundo caso, Joe Hernández
a menudo daba caminatas tarde por la noche. Iba caminando
por un callejón en la ciudad de Long Beach hacia su casa
cuando un oficial de policía equivocadamente creyó
que era un sospechoso que acababa de robar un bar. Le disparó
en la parte de atrás de la pierna, lo que causó
que ésta le fuera amputada. El departamento de policía
alegó que el denunciante huyó del policía y
que no se detuvo cuando se le pidió hacerlo. El denunciante
no llenaba la descripción del supuesto sospechoso. Este
caso se arregló con la ciudad de Long Beach mediante
el pago de la suma de $250,000.
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